Legalización de Pozos Anteriores a la Ley de Aguas

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A partir de la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, concretamente a partir del 1 de enero de 1986, se acabó con el régimen legal de derechos sobre las aguas anteriormente establecido. Señalado régimen amparaba que las aguas pertenecían a los dueños de una finca por el solo hecho de transcurrir bajo la misma, una vez eran “alumbradas”, y podían usarlas para regar. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas, el régimen cambia de modo radical, pues lo primero que hace dicha Ley es establecer que las aguas, con carácter general, son públicas y para su uso es necesario obtener una concesión administrativa por parte de la Confederación Hidrográfica competente.

No obstante, la propia Ley de Aguas establecía una situación transitoria para todos aquellos pozos anteriores al 1 de enero de 1986, permitiendo mantener el carácter privado de dichas aguas y su inscripción de un Catálogo de Aguas Privadas o modificarlo a un régimen público por un largo plazo.

Pues bien, el Plan hidrológico Nacional (Ley 10/2001), en su Disp. Transitoria 2º recoge el cierre de la inscripción en el Catálogo de Aguas de la Cuenca para los titulares de aprovechamiento de aguas privadas, otorgándoles un plazo de 3 meses para solicitar su inclusión en dicho catálogo y señala que “pasado ese plazo no se reconocerá ningún aprovechamiento de aguas calificadas de privadas si no es en virtud de resolución judicial firme”. Esta disposición significa, según la interpretación posterior del Tribunal Supremo, que una vez han transcurridos esos tres meses, sólo la Jurisdicción Civil es competente para conocer un aprovechamiento de aguas privadas, y que una vez lo haya hecho y dicha decisión judicial sea firme, el aprovechamiento podrá tener acceso al Catálogo de Aguas Privadas de la cuenca.

Por lo tanto, la única manera de que se reconozca la titularidad privada de las aguas de un aprovechamiento anterior a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, es acudir a los Tribunales civiles demandando a la Confederación Hidrográfica de la cuenca, de manera que el Juez declare la propiedad privada de dichos aprovechamientos de agua. Para ello es necesario acreditar ante el Juzgado: que las aguas privadas fueron alumbradas antes del 1 de enero de 1986, la superficie que se regaba y el tipo de aprovechamiento, destino de las aguas y volumen de agua anual aprovechable, entre otros aspectos.

Estos pozos son objeto, frecuentemente, de cuantiosas sanciones por extracción de agua subterráneas sin autorización, de la imposición de indemnizaciones por daños al dominio público hidráulico y de su clausura. De ahí, la necesidad de legalizar dichos pozos, para lo que se requiere de profesionales jurídicos y técnicos especializados en la materia, que preparen y tramiten adecuadamente el procedimiento judicial, en el que habrá que acreditar que no ha habido modificación en la explotación del pozo: se ha mantenido idéntico uso del agua extraída, misma superficie de riego y cultivo e invariabilidad de la captación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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